El dilema humanitario de Josu Uribetxebarria Bolinaga vs. José A. Ortega Lara o el agravio comparativo.

Por Jordi Carreño. 18/08/2012

Fotografía portada de El País.

El humanismo democrático es por ende una de las fortalezas de aquellos que pensamos y creemos en la libertad en toda su extensión, en el derecho como su herramienta preventiva y en la justicia como salvaguarda de esa libertad; por tanto, siempre deberíamos estar a favor de aquellas actitudes que nos diferencian de los que contrariamente utilizan esos factores como una debilidad y atentan contra cualquier derecho, aprovechándose de las lagunas humanísticas que llevan intrínsecamente los conceptos de democracia, derecho y justicia; actuando en su contra y buscando posteriormente los beneficios que de ellos pueden aprovechar, es decir, sólo se quedan con la parte benefactora a sus propios intereses. Utilizan el propio derecho desechando la obligación que el mismo conlleva.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado al preso etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga enfermo de cáncer; y al que teóricamente y según los médicos, no le queda más que un año de vida aproximadamente.

Este sería el último paso para concederle si así lo considera la Audiencia Nacional la libertad condicional tal y como establece la  ley y el propio Reglamento penitenciario basándose en razones humanitarias o de enfermedad grave. Dilema importante el que se le presenta al juez central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz que sustituye actualmente al juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro que está de vacaciones. Lo que se llama comúnmente un buen “marrón”, dada la repercusión y calado social que de su decisión se pueden derivar.

¿Se le deben aplicar sendos conceptos, el humanitario y el de enfermedad grave a alguien que ha cometido el secuestro más largo de la historia de la banda terrorista, que no se ha arrepentido de ello y; por tanto, no ha pedido perdón ni a su víctima ni a la sociedad?

Bajo mi punto de vista, alguien que cree y defiende la libertad y el derecho sobre todas las cosas como garantes de una sociedad mejor; más justa y cívica, debería valorar el estado del reo y actuar en consecuencia con la magnificencia y clemencia que lo diferencian propiamente dicho de alguien que teóricamente es todo lo contrario a él, o sea, un terrorista que actúa impunemente contra toda la sociedad. Pero en este caso concretamente la reflexión me lleva a valorar los siguientes puntos:

1º) ¿Alguien que no se ha arrepentido de sus actos y que pensaba llevarlos hasta las últimas consecuencias si no hubiera sido detenido, es merecedor de ser beneficiario de una amnistía penitenciaria por causas humanitarias?

2ª) Si lo fuera, ¿Quiénes o quién serían los beneficiarios de dicha medida condonadora de su delito?

3ª) En este caso y si se produjese el hecho de conseguir la libertad condicional, ¿Sería la víctima del delito José Antonio Ortega Lara reconocida con la compensación y el favor a su carcelero? ¿Tiene o no derecho a influir en dicha decisión con su declaración de perdón o no?

4º) Si le queda tan poco tiempo de vida al penado; y en las condiciones de deterioro que le supondrán el proceso degenerativo de su enfermedad, ¿Lo más conveniente es la libertad o el tratamiento bajo vigilancia dado las circunstancias especiales que envuelven a dicho individuo?

Finalmente está el hecho emocional que todo ser humano siente; y que por un lado piensa que  alguien que ha procedido con alevosía y sin justificación alguna contra otro ciudadano, para defender no sé que causa y pueda quedar impune, salir favorecido por una desgracia ajena a su voluntad; y por el otro lado, el que pueda ser merecedor de ese beneplácito porque suficiente castigo y condena le suponen el final que tiene reescrito por la metástasis y no por el cumplimiento de su condena delictiva. Encrucijada entre la ética y la moral y el derecho y la justicia.

No hay justificación alguna que permitan a alguien quitarle la vida o privarle de la libertad a otro ser; y no la hay, máxime cuando el condenado habla en términos erróneos de libertad (impuesta por la fuerza), fascismo del Estado (ejercido precisamente por él con la imposición violenta de sus actos) y las faltas de respeto y arrepentimiento contra el derecho del que desea ser beneficiario (es una falacia y sorna del terrorismo hacia y contra la sociedad).

Por eso y quizá a más de uno le sorprenda mi sentencia, yo estoy totalmente en contra de la liberación de este individuo; a no ser que su víctima sea el juez concediéndole y aplicándole el perdón o no a su fechoría. Entonces esa benevolencia y grandeza de la libertad  del sistema de derecho tendrían la razón, ya que vendrían dadas por la  propia víctima. Así tendrían entonces sentido; y los demás deberíamos respetar y acatar sin discusión alguna su decisión si ése supuesto acto magnánimo se produjera de facto. Si no, únicamente se produce legal y humanitariamente un agravio comparativo entre el delincuente y su víctima.

Jordi Carreño Crispín.