El aguador de Sevilla

El aguador de Sevilla

El aguador de Sevilla

Sin duda alguna este es mi cuadro favorito, entre los muchos que me gustan. Diego Velázquez, es uno de los pintores barrocos que mejor supo plasmar su época; además del realismo que imprime a su pintura,algo que queda patente en la infinidad de detalles de su obra. En el caso del Aguador de Sevilla, es imposible no caer en los detalles del reflejo y brillo del cristal  en las copas, la rugosidad y textura del barro de las tinajas, o el goteo del agua en la mayor de ellas. Es casi imposible estar delante del cuadro sin sentir la sensación de sed. El juego de luces claroscuro del fondo, además de inducirnos en el tema principal, refleja claramente la sensación lúgubre y pobre de la época en una perfecta combinación de colores oscuros: marrones, ocres, etc. Según los expertos, y no es de extrañar por la época, es el cuadro donde más se nota la influencia del pintor italiano Caravaggio

Este cuadro data del 1620, es de la época Sevillana (16191622) antes de su traslado a la corte de Madrid en el 1623, donde a través del Conde Duque Gaspar Guzmán de Olivares (Valido del Rey Felipe IV) consiguió ser pintor de la misma, retratando a personalidades como el propio rey, el mismo Conde Duque y Luís de Góngora entre otros muchos.

Del cuadro se han hecho muchas lecturas, pero posiblemente la más acertada sea la representación alegórica de las edades del hombre. El hombre maduro ofertando al niño la copa (representación del conocimiento) y el mozo o joven que aparece detrás bebiendo de la copa (bebe o adquiere del conocimiento del maestro o del hombre con experiencia) con la mirada puesta en ambos.

Actualmente el cuadro se encuentra en el Museo de Wellington (Londres).

Jordi Carreño

Fuente de Fotografía y enlaces Wikipedia.

 

EL GOBIERNO ENVÍA A GARZÓN LOS ARCHIVOS DE LA REPRESIÓN

Fuente fotografia del Juez baltasar Garzón (Wikipedia)
Fuente fotografía del Juez Baltasar Garzón (Wikipedia)

Público.es/DIEGO BARCALA – Madrid – 23/09/2008

Justicia, Cultura y Defensa aportan los documentos que acreditan el genocidio franquista.

El investigador Antonio Ontañón Toca, de 75 años, lleva dos décadas recuperando información de las fosas comunes de Cantabria. La investigación le llevó a Salamanca, al archivo de la Memoria Histórica. Sin esperarlo, se encontró a sí mismo, registrado como miembro de una familia que trató de exiliarse en barco ante la inminente llegada de las tropas franquistas a Santander. Estaba fichado como otros 3,5 millones de personas vigiladas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Esos nombres han sido enviados ya por el Ministerio de Cultura a la Audiencia Nacional, tras la petición enviada por el juez Baltasar Garzón el pasado 28 de agosto.
El Gobierno, criticado por las asociaciones de familiares de víctimas de la represión por su desinterés en aplicar la ley de la Memoria Histórica, ha empezado a colaborar. El Ministerio de Justicia envió el pasado viernes la información guardada durante décadas en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Son los datos de las defunciones de los registros civiles, donde pueden encontrarse grupos de muertos sin nombre en partidas de defunción.
“Los archivos garantizan los derechos y las libertades de los muertos y de los vivos”, reflexiona Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Su departamento controla los tres principales archivos de información que Garzón necesita para vincular los más de 140.000 desaparecidos documentados bajo un epígrafe que diga: genocidio franquista. “Son fichas onomásticas de encarcelamiento, acoso… exterminio en definitiva”, informa Blanco.
La documentación aportada por Cultura se completará la próxima semana. En muchos de los casos, lo enviado a Garzón han sido resúmenes con el tipo de información disponible. “Hay cientos de volúmenes y muchos documentos no están digitalizados”, reconoce Blanco. El Ministerio ha enviado también 8.000 fichas de republicanos que estuvieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) como parte del posible proceso.
Ontañón comprobó el pasado lunes cómo el juez consultaba su libro Rescatados del olvido en la mesa de su despacho. Es la segunda gran compensación a su esfuerzo que disfruta en un mes. El pasado 28 de agosto recibió una “cariñosa” carta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que le deseaba un “gran éxito” en un acto de homenaje a los “héroes de la República y la libertad”.
El Ministerio de Defensa ha dado una orden a través del tribunal militar central para que los cinco territoriales recopilen la información del paradero de los desaparecidos. Fuentes del departamento de Carme Chacón aseguran que existe “voluntad total de colaborar”. Defensa ha explicado al juez que el Ejército de Tierra podría añadir algún documento “puntual” de la represión.
(Fuente del artículo: ARMH)
(Artículo anterior por el mismo autor y fuente)
Los familiares de los represaliados reprochan al Gobierno que hayan sido ellos los que han elaborado el listado. La ley de la memoria histórica exige al Estado crear un mapa de fosas.

Público.es/DIEGO BARCALA – Madrid – 22/09/2008

El poeta Blas de Otero (Bilbao 1916, Madrid 1979) imaginó las listas de los fusilados con “nombres temblando en un papel” en su poema Me llamarán. Lo escribió en 1955 en su exilio en París y tituló al libro Pido la paz y la palabra. Medio siglo después, son los hijos y los nietos de los fusilados los que exigen voz. Lo hacen ya desde Madrid, en la Audiencia Nacional, ante el despacho del juez Baltasar Garzón. El magistrado recibió ayer un censo de víctimas con 143.353 nombres, apellidos, profesiones, lugar de nacimiento, muerte y causa de su desaparición (muerto con arma de fuego la mayoría).
La repercusión pública de las diligencias abiertas por el juez para investigar una posible causa penal de genocidio franquista, desde el 18 de julio de 1936 hasta décadas después de la guerra, ha dejado al descubierto el desamparo público que sufren las familias de los represaliados. Once asociaciones de allegados de estas víctimas acudieron ayer a la Audiencia Nacional con carpetas, fotos y listados inconexos. Algunos digitalizados y otros no. Miles de documentos encuadernados por voluntarios e historiadores aficionados. El resultado de casi una década de investigación que arroja un resultado estremecedor de cientos de miles de cuerpos bajo tierra.
“No nos sacamos estos nombres de la manga, nos lo hemos currado a base de grabadora y mesa camilla”, recrimina Paqui Maqueda, secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas que presentó la primera denuncia a Garzón el pasado 14 de diciembre de 2006. Maqueda se refiere a la investigación elaborada en cada pueblo para arrancar los testimonios y documentos necesarios con los que poner nombre a aquellos que fueron arrancados a sus familias y borrados para siempre durante décadas.

Hace ocho años eran 30.000

Sin apenas apoyo institucional, los voluntarios han conseguido indagar en registros civiles y en libros de difuntos para completar parte del recuento de una de las etapas más oscuras de la historia de España y no sólo por su tenebrosidad, sino por las dificultades para su investigación. De esa manera han conseguido que de los 30.000 desaparecidos que se creía había hace ocho años ahora pasen de los 143.000.
Esos nombres se suman cada día al proceso de documentación abierto en la Audiencia Nacional. “Son muchas las personas individuales que denuncian la desaparición forzosa de su padre o de su abuelo cada día”, añadió Fernando Magán, abogado de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica.
El archivo y la conexión de todas las pruebas entregadas podría completar el censo definitivo de las víctimas del franquismo. Ese listado es la prueba que busca Garzón para declararse competente para juzgar una causa contra aquellos que de manera orquestada hicieron desaparecer a sus adversarios políticos. Si el juez se decide -fuentes de la investigación aseguran que lo hará “pronto”- dejaría en evidencia “la falta de voluntad política” del Gobierno para cumplir con los artículos de la ley de la memoria histórica que exigen la elaboración de un mapa de fosas comunes y un censo de desaparecidos.
“Le pedimos al Gobierno que ponga firme al personal. La mayoría de las fosas están en los cementerios que, o son municipales o pertenecen a la Iglesia. Así que está claro a quién tienen que pedir las pruebas”, denunció, Cecilio Gordillo, representante del sindicato CGT en la plataforma. “De momento, no se ha recibido ninguna documentación de la requerida a la Iglesia”, informó Magán.

Sólo Catalunya y Galicia

Ni siquiera la petición de información por parte del juez está facilitando la colaboración de algunas instituciones clave como la Conferencia Episcopal y los Ayuntamientos. “Muchos municipios se sienten desvinculados al no haber sido nombrados por el juez”, denunció Gordillo. Sólo los gobiernos de Catalunya y Galicia han aportado documentación sin que se les haya sido requerida por el magistrado. “Nosotros podríamos haber mirado a otro lado y haber esperado que se murieran los testigos y los familiares directos o simplemente habernos conformado con la Ley, pero no lo hicimos”, reclama Maqueda.
La Ley, que no ha sido aplicada por el Gobierno a pesar de estar en vigor desde hace casi un año, fue rechazada por el 95% de las asociaciones de víctimas, recordaron ayer los voluntarios.

¿ES POSIBLE HALLAR A LAS VÍCTIMAS?

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ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ
Público.es/Opinión/23-09-2008
 

 

Las providencias dictadas por el juez Garzón y su enorme repercusión mediática han disparado el número de personas que desean saber el paradero de sus seres queridos desaparecidos en los años de la Guerra Civil. Se cuentan por miles las personas que en las últimas semanas han manifestado este deseo, especialmente a las asociaciones memorialistas y a los ayuntamientos.

Conviene aclarar, para no crear falsas expectativas entre los familiares, que la localización de los desaparecidos y su recuperación no siempre, ni siquiera en una proporción alta, es posible. Por diversas razones. Porque, llegado el caso hipotético de conocer de manera rigurosa el número y la identidad de las víctimas asesinadas, es muy difícil que se esclarezca el lugar donde fueron enterradas. Además, muchas de las fosas donde yacen sus restos, después de más de setenta años de abandono, han sufrido todo tipo de inclemencias que las han llevado a su destrucción parcial o definitiva.

Buena parte de las fosas existentes se originan en el período comprendido entre julio de 1936 y febrero de 1937, en el que el instrumento principal de la represión son los bandos de guerra que instaban al asesinato sin procedimiento alguno. Este hecho provoca que apenas existan fuentes documentales sobre los desaparecidos y las fosas. En los libros de defunciones de los registros civiles, sólo hay inscritos una parte, a veces ínfima, de los asesinados y sólo en algunos casos se especifica el lugar de enterramiento.

Apenas si se encuentran libros de registros de los cementerios en la mayoría de las localidades y la información de los archivos locales, militares y estatales, salvo excepciones, es escasa. De este modo, la historia oral es, todavía, la herramienta más útil para ubicar las fosas e identificar a las víctimas. No en vano, la inmensa mayoría de las 170 que se han abierto en los últimos años ha sido posible gracias a los testimonios de personas que fueron testigos de la represión.

A través de los testimonios, hemos conocido la mecánica de la desaparición forzosa: desde la detención ilegal de un individuo o grupo hasta su asesinato en las tapias de un cementerio o en un paraje desconocido, por lo general fuera de la localidad de vecindad. Esto complica la localización de muchas de las fosas que se ubican en campo abierto, pues la gente mayor, depositaria de los miedos introyectados por el franquismo, todavía se muestra reacia a hablar, aunque esta actitud poco a poco se está quebrando de la misma manera que cada vez son menos los testigos disponibles. También el masivo proceso emigratorio de los años cincuenta y sesenta que diezmó numerosas poblaciones rurales y que afectó, principalmente, a las familias de los vencidos, ha contribuido a una visible pérdida de la memoria colectiva en nuestros pueblos. Los miedos y el olvido han provocado que muchos de estos enterramientos clandestinos que no fueron de alguna manera señalados y protegidos por los familiares, hayan sido destruidos por un sinfín de motivos: corrimientos de tierras, construcción y ampliación de carreteras, urbanización de terrenos rústicos, acción de las alimañas…

 

Las fosas que se ubican en el interior de los cementerios no han corrido mejor suerte. Desde que fueron creadas, constituían un lugar degradado del cementerio sin señalización alguna y convertidas en auténticos vertederos. En los años de la Transición, se produjo un interesante movimiento en un significativo número de localidades, auspiciado por familiares y ayuntamientos de izquierdas, que acota y dignifica esos espacios con placas, lápidas y monolitos, o directamente se procede a la exhumación de las víctimas y su posterior inhumación en nichos y mausoleos. Estas acciones apenas cuentan con publicidad y se realizan en la intimidad familiar o, a lo sumo, adquieren una dimensión local. Pero la tónica mayoritaria es el abandono y el olvido, lo que ocasiona que la zona que ocupan las fosas comunes, normalmente junto a las tapias, sea la primera que se vea afectada por cualquier tipo de obra de ampliación del cementerio. De este modo, en una proporción muy alta, han quedado sepultadas bajo la construcción de bloques de nichos y de nuevas sepulturas. Por otra parte, desde 1936 hasta nuestros días han sido clausurados multitud de cementerios trasladándose los restos a otro nuevo. En algunos casos, los restos cadavéricos de las víctimas fueron depositados en los osarios confundiéndose con otros y destruyéndose con el tiempo. En otros, quedaron olvidados y acabaron sepultados en los cimientos de nuevas edificaciones. Las acciones destructivas que se han efectuado –y se continúan efectuando– sobre multitud de fosas durante siete décadas, incluidas las tres de democracia constitucional, suponen la prueba más inequívoca de que el olvido y la negación, cuando no el desprecio más absoluto, ha sido la posición hegemónica que las distintas administraciones han tenido hacia la memoria de las víctimas republicanas y antifascistas. Nunca ha existido una consigna –y menos aún una política– de protección de las fosas comunes. Toda medida efectuada en este sentido dependía de la sensibilidad y el empecinamiento de los familiares y, a veces, hasta de los propios sepultureros.

 

Ahora le corresponde a la Administración verificar la localización de las fosas detectadas y su protección ante nuevas agresiones. Y brindar a los familiares y a la sociedad la posibilidad de la exhumación de las víctimas que soliciten sus deudos, o la señalización y monumentalización de esos cementerios clandestinos para convertidos en “lugares de la memoria”. Desgraciadamente, para muchos familiares no va a ser posible averiguar el paradero ni rescatar los restos de sus seres queridos, pero les asiste el legítimo derecho de reclamar justicia, de pedir información y esperar una respuesta. Las decenas de miles de personas desaparecidas, después de tantos años de silencio y olvido, merecen, al menos, nuestro cariño y consideración.

 

ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ es coordinador del proyecto Mapa de Fosas de Sevilla 

 

Ilustración de JOSÉ LUIS MERINO 
(Fuente del artículo: ARMH)